La Universidad de Columbia ha intentado caracterizar sus planes de expansión en West Harlem como algo de poca molestia que impliqua una medida mínima de desplazamiento directo – especialmente de hogares.  Pero mientras Manhattanville es una zona principalmente industrial, hay grandes edificios residenciales en el área, y el plan de Columbia destruiría los hogares de aproximadamente 140 familias – más de 400 residentes – que tienen fuertes lazos con el barrio y un interés importante en mantener sus casas.  El deseo de Columbia de clamar cada parcela de tierra entre las calles 125 y 135 resultaría que las familias que tienen generaciones de historia en la comunidad – no sólo con familia inmediata, sino también con vecinos en los edificios y por toda la comunidad – fueran arrancadas de repente.  La mayoria de las familias en estas propiedades son de bajo-ingreso, pero muchas han estado trabajando durante años para volverse dueños de las cooperativas de su edificio a través de un programa municipal único – según se cuenta, una oportunidad única para arrendatarios de largo-plazo de propiedades municipales de bajo-ingreso para volverse participantes en la comunidad que han conocido las mayorías de o todas sus vidas.

La historia de número 602, calle 132 del oeste

Número 602, calle 132 del oeste queda al punto más al norte de donde Columbia quiere construir sus nuevas facilidades masivas, cerca de otros edificios residenciales que Columbia quiere demoler.  Bajo el plan de Columbia, el Estado de Nueva York usaría el instrumento gubernamental de “dominio eminente” para tomar estas propiedades residenciales de los arrendatarios actuales, de organizaciones non-gubernamentales de gerencia de alquiler de bajo-ingreso, y de propietarios de casas, contra las demandas de los propietarios y ocupantes.  Se vendería la tierra a Columbia, los residentes serían mudados a otros lugares, y los edificios serían demolidos.  No está muy claro qué reemplazaría estos hogares, sin embargo, porque Columbia mismo admite que no sabe realmente que quiere hacer con los 18 acres de tierra en Manhattanville que pretende adquirir y arrasar.   Lo único que sabe Columbia es que quiere toda la tierra y, junto con ella, quiere un cambio en las reglas de zonas que permitiría nuevas estructuras de casi 30 plantas de altura en esta área donde la mayoría de las estructuras son de dos a seis plantas.  Lo que quiere hacer Columbia con todo este espacio está mucho menos cierto.  Aunque Columbia llama este proyecto de expansión un “campus”, el hecho es que solo una parte de lo que quiere construir allí son aulas.  Visiones generales del proyecto entregado por Columbia sugieren que el local sería dominado por facilidades de investigación biotécnica, residencias estudiantiles, oficinas o laboratorios que se pueden alquilar a empresas privadas, facilidades atléticas con piscinas de tamaño olímpico, tiendas al detalle con fines de lucro, residencias de lujo, incluso un hotel.  Para los residentes enfrentados al bulldozer que han invertido sus vidas en esta comunidad, ya es intolerable que Columbia pretenda quitarles de sus casas en contra de su propia voluntad; considerando que quiere hacer Columbia con la tierra, la posición de la universidad es inconcebible.

Cada residente de número 602, calle 132 oeste tiene raíces profundas en la comunidad, y muchos hogares cuentan con múltiples generaciones viviendo bajo un solo techo.  Un hombre, que ahora tiene 90 años, ha estado viviendo en el mismo apartamento desde los años 1950.  La mayoría de los residentes se mudaron al edificio de seis plantas hace más que 30 años, o se nació en el edificio; las personas más recientemente llegadas se mudaron al edificio hace más que 20 años.  Hay 31 entidades residenciales en el edificio, y los residentes te podrían decir exactamente quien vive en cada apartamento; en cada sentido, el edificio ejemplifica el modelo de una comunidad de apoyo de personas que viven juntas.  El número 602 es casa de una mezcla de jubilados y de gente trabajadora de la clase obrera – una maestra asistente, algunos ayudantes de atención sanitaria al hogar, trabajadores de restaurantes y comida rápida, un empleado de una tienda de imprenta, un policía, una enfermera – para sólo nombrar algunos.  Las familias son dominicanas, puertorriqueñas, ecuatorianas, mexicanas, hondureñas, y afro-americanas.  Este tipo de comunidad no se puede crear por planificadores urbanos y no se puede diseñar por trabajadores sociales; es un tipo de red de apoyo que se crece y se desarrolla durante muchas décadas por gente que se cuida y que depende uno del otro.

Al final de los años 70, conforme a una tendencia que se extendía por una generación entera de las comunidades de bajo-ingreso, el dueño de número 602, calle 132 oeste dejó de pagar impuestos sobre la propiedad, y el edificio se embargó y la posesión se transfirió a la Ciudad de Nueva York.  Harlem del Oeste, con muchos otros barrios de bajo-ingreso por todo Manhattan, el Bronx y Brooklyn, experimentó una epidemia de abandono propietario de inmobiliario privado que comenzó en plena fuerza en la época de la crisis económica de la ciudad de 1977 y continuó durante los años 80 – con efectos que todavía se perciben hoy en día.  El éxodo de la clase media hacía las afueras, fomentado por varias fuerzas sociales, hizo que el mercado privado y el sector público se deshicieron del barrio urbano, y las comunidades como Harlem del Oeste fueron olvidadas por toda la gente salvo aquella que reconoció el barrio como su casa.  Número 602, calle 132 Oeste se tomó por el Departamento de Preservacion y Desarollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) en 1978.

Por muchos años, había casi ningunos promotores interesados en invertir en propiedades en las comunidades de bajo-ingreso de Nueva York, y la Ciudad de Nueva York embargaba edificios que se abandonaban por dueños más rápidamente que la Ciudad podía encontrar gente interesada para comprarlos.  Abandono de por parte de propietarios era tanto una crisis que en un momento la ciudad había, sin darse cuenta, adquirido la posesión de más que 65 por ciento del stock de vivienda en el mercado privado de Harlem.  Está situación única es la que ocasionó el programa de rrendamiento Interino del Inquilino (en ingles: Tenant Interim Lease program (TIL)) – un programa que permite que los inquilinos que viven en propiedades que han sido abandonados por dueños privados y embargados tengan la oportunidad de comprar sus viviendas de la ciudad por un precio nominal y manejarlas como cooperativas de bajo-ingreso.  Dado que estos edificios fueron adquiridos sin coste por parte de la ciudad y que aquellos usualmente contenían gente de bajo-ingreso (el ingreso medio actual de los hogares del programa TIL es menos que $10.000 por año), la ciudad pagó las renovaciones completas de las propiedades antes de darlas a los inquilinos.  Después de un periodo de prueba – normalmente de cinco años – en lo que los residentes demuestren responsabilidad y dedicación por manejar todas las actividades de los edificios, la propiedad se vende a los inquilinos actuales por $250 cada apartamento.  El programa TIL está considerado uno de los programas de vivienda de bajo-ingreso más exitosos en efecto; el programa requiere participación activa y responsabilidad de los inquilinos, y el programa apoya la estructura existente del barrio.  Nadie tiene que mudarse o se está rechazado para dar paso a este programa; en cambio, los edificios que fueron abandonados en el mercado privado se vuelven disponibles para una compra por inquilinos de las propiedades quienes, durante los tiempos más duros, se mantenían dedicados a sus comunidades.  Después de más que 20 años de estar en las manos del Departamento de Conservación y Desarrollo de Vivienda, los inquilinos de número 602, calle 132 oeste empezaron un esfuerzo dedicado a participar en el programa TIL en 2003.

Como parte del programa TIL, los habitantes de número 602, calle 132 oeste tenían toda la razón pensando que serían dueños de sus casas dentro de unos años.  Los residentes reunían cada mes, eligieron una junta de representativos, y poco después estaban manejando la propiedad – recogiendo las rentas mensuales, llevando las cuentas y contratando obras de reparación – todo esto pagando con el presupuesto de sus rentas.  Para los residentes de número 602, la primera mención que Columbia tenía planes para tomar el edificio por la fuerza y derribarlo para su expansión empezó como si fuera sólo un rumor.  Muchos descartaron lo que escucharon, hasta que los miembros de la nueva Coalición para Conservar Comunidad invitaron a los residentes a una reunión de la Junta Comunitaria 9 y también a unas presentaciones por Columbia sobre el campus propuesto.  Luisa Henriquez, la tesorera de la junta de residentes de número 602, calle 132 oeste, dice que se dio cuenta de que su edificio estaba condenado a la demolición cuando estudiaba un modelo de 3 dimensiones de los planes de Columbia para el nuevo campus, que estaba expuesto en la reunión comunitaria.  Ella seguía mirando el mapa, intentando explicarse porqué no podía ver su edificio, hasta que vio que una nueva propiedad de Columbia quedaba donde su edificio debía estar.  Un agente de Columbia inicialmente negó que ninguna propiedad residencial sería destruida para la expansión.  No está claro si este representativo estaba mal-informado o si, en esta fase preliminar del diseño, Columbia tenía que ser tan desdeñoso hacia la comunidad existente para no investigar lo que pretendía destruir.  En cualquier caso, la Universidad de Columbia nunca informó a estos residentes sobres sus intenciones directivamente, ni les ha consultado.  A través de la prensa y documentos públicos, residentes leyeron sobre los planes más recientes que Columbia tiene, pero ellos nunca han recibido algún reconocimiento de la Universidad del hecho que, como residentes y futuros dueños, ellos no tienen la intención de mudarse de allí.

Durante los meses desde cuando Columbia anunció su deseo para realizar el desarrollo de 7 billones de dólares y 18 acres, la Universidad empezó a negociar con el Departamento de Conservación y Desarrollo de Vivienda sobre cómo trasladaría los residentes de número 602, calle 132 oeste, juntos con los de los otros edificios TIL y edificios de renta estabilizada en la zona de expansión.  La ciudad de Nueva York desafortunadamente consintió en hacer negociaciones clandestinas, y evidentemente ha propuesto términos por los que una traslación de más que 100 familias sería posible, a pesar del hecho que la propuesta de Columbia todavía no ha sido aprobada por ninguna agencia gubernamental y la Universidad todavía no tiene derecho para desarrollar como quiera en Manhattanville ni para adquirir propiedades tales como número 602, donde los futuros dueños no quieren vender.  Incluso tenemos el hecho de que  las negociaciones de Columbia con el Departamento de Conservación y Desarrollo de Vivienda sólo fueron reveladas después de que periodistas universitarios del Columbia Spectator presentaron una Petición de Libertad de Información.  (Vea: "Relocation Discussions: Residents Allege HPD Secrecy, Privacy Violations." Columbia Spectator. March 2, 2006.)

Actualmente, los residentes de ambas propiedades TIL en la zona de expansion están trabajando para asegurar que el Departamento de Conservación y Desarrollo de Vivienda continúe con su promesa inicial para ayudar a los residentes a volverse dueños cooperativos de las propiedades.  Ellos intentan conseguir apoyo para una línea de tiempo acelerada para realizar las reparaciones de la propiedad para que no sean vulnerables a cualquiera agencia de la ciudad que pretenda hacer un negocio por su parte.  Estos residentes se han unidos a la lucha más amplia para resistir la toma de la comunidad hostil por Columbia, y apoyo para la causa es extensivo.  Jordi Reyes-Montblanc, líder de la Junta Comunitaria 9 y defensor y organizador de cooperativos de bajo-ingreso por mucho tiempo, ha manifestado muchas veces públicamente su indignación por la intención de Columbia para desplacer estos residentes.  “No va a pasar,” dice Montblanc sobre los planes de Columbia para utilizar el poder del estado del “dominio eminente” para quitar los residentes con la fuerza.  “¡Primero tendrán que arrastrar mi cadáver de aquí!”  En cuanto a sugerencias por la Universidad de Columbia que dicen que acomodaciones semejantes se podrían encontrar para los residentes en otros lugares, los residentes están unidos por su intención de quedarse justo donde están.  “Hemos estado aquí demasiado tiempo para sernos mudados”, dijo Luisa Henriquez.  “Ésta es la zona donde yo crecí.  Nos conocemos todos.  Éste es el barrio que nos encanta.”